ACTUALIDAD: Justicia/ Guatemala
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA RESUELVE QUE MAGISTRADOS SIGAN EN SUS CARGOS Y VALIDA SUS FALLOS
OK-Suchi
Luego del pronunciamientos de diversos sectores del país, en cuanto a la ilegalidad que estarían incurriendo los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de continuar en sus funciones después del 12 de Octubre, como lo establece la Carta Magna, dicha corte dictaminó que todos los magistrados deben continuar en sus funciones.
Este viernes, la CSJ emitió un comunicado en donde se establece que todos los magistrados deben seguir en sus puestos después del 12 de Octubre.
Considerando la incertidumbre porque no se nombraron a sustitutos en la CSJ y en las Cortes de Apelaciones, los magistrados sostienen que deben permanecer en sus funciones.
Asimismo, como uno de los tres organismos del Estado, resolvieron que todos los fallos de los funcionarios de la Cortes tienen validez.
Para sostener su resolución se apoyaron en los artículos 2, 29 140, 281 de la Constitución de la República y la opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Los artículos citados tratan de la conformación del Estado con régimen republicano y la independencia de los poderes.
Y para garantizar certeza jurídica y permitir la continuidad de la justicia jurisdiccional y administrativa, la CSJ tomó esta decisión.
“Debemos continuar en el ejercicio de nuestra funciones jurisdiccionales y administrativas, a partir del del 13 de octubre de 2019 y hasta tanto no se elijan a nuestros sustitutos y éstos se presenten a tomar posesión”, indica la resolución de la CSJ."
Además de esta resolución, la CSJ también indio que los Fallos de magistrados tendrán validez, para garantizar certeza jurídica.
“Toda resolución que se emita a partir del 13 de octubre de 2019, quedará plenamente convalidada y tendrán plena validez”, indicó la Corte.
Lo anterior aplica para los magistrados de la CSJ, las Cámaras, las Salas de la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría.
Esta resolución será comunicada al Congreso de la República y al Consejo de la Carrera Judicial.
Mientras tanto, los magistrados tenían previsto reunirse este sábado a partir de las 22:00 horas para darle validez al cambio de presidente de la CSJ.
Porqué se llegó a este problema:
Hace 23 días, la Corte de Constitucionalidad (CC) corrigió la plana a dos procesos: la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la de Salas de Apelaciones. Mediante una resolución pidió que suspendieran los avances y ordenó que, en ambos casos, se repitiera casi todo el trabajo. El argumento fue que no se habían realizado con apego al procedimiento establecido por la ley.
En vano fue el esfuerzo de los comisionados en acelerar el paso para analizar los expedientes y enviar las nóminas al Congreso antes del 23 de septiembre pues ambas elecciones dieron marcha atrás para enmendar un error grave: no tomar en cuenta las evaluaciones de todos los jueces y magistrados que el Consejo de la Carrera Judicial, por ley, debería presentar a ambas comisiones.
A inicio del proceso, los integrantes de las comisiones de postulación tenían que recibir una nómina con todos los expedientes de jueces y magistrados aspirantes con documentos adjuntos sobre sus años de experiencia en el ejercicio de la judicatura, detalles sobre su especialización y una calificación —satisfactoria o sobresaliente— del desempeño profesional. Con esa documentación los comisionados tendrían información suficiente para entender el perfil de cada uno de los participantes. Sin embargo, eso nunca ocurrió.
Hace 23 días, la Corte de Constitucionalidad (CC) corrigió la plana a dos procesos: la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la de Salas de Apelaciones. Mediante una resolución pidió que suspendieran los avances y ordenó que, en ambos casos, se repitiera casi todo el trabajo. El argumento fue que no se habían realizado con apego al procedimiento establecido por la ley.
En vano fue el esfuerzo de los comisionados en acelerar el paso para analizar los expedientes y enviar las nóminas al Congreso antes del 23 de septiembre pues ambas elecciones dieron marcha atrás para enmendar un error grave: no tomar en cuenta las evaluaciones de todos los jueces y magistrados que el Consejo de la Carrera Judicial, por ley, debería presentar a ambas comisiones.
A inicio del proceso, los integrantes de las comisiones de postulación tenían que recibir una nómina con todos los expedientes de jueces y magistrados aspirantes con documentos adjuntos sobre sus años de experiencia en el ejercicio de la judicatura, detalles sobre su especialización y una calificación —satisfactoria o sobresaliente— del desempeño profesional. Con esa documentación los comisionados tendrían información suficiente para entender el perfil de cada uno de los participantes.
Sin embargo, eso nunca ocurrió.
En uno de sus primeros artículos, la Ley de la Carrera Judicial establece que una de las funciones del Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) —un órgano rector— es la siguiente:
“Evaluar el desempeño de jueces y magistrados, de conformidad con un sistema idóneo que se establezca para el efecto”.
Con estas cortas líneas, la ley le da potestad a siete profesionales que integran el CCJ para regular el ingreso, permanencia, promoción, ascenso y capacitación de jueces y magistrados. Para ejecutar esa función deberían, primero, elaborar un reglamento que establezca el mecanismo de evaluación.
El problema es que después de casi dos años de haber sido nombrados y juramentados, los siete consejeros no han emitido ningún reglamento y, por lo tanto, nadie ha sido evaluado hasta la fecha. Por esa razón, los integrantes de las comisiones de postulación nunca recibieron expedientes de los aspirantes a jueces y magistrados, pues hasta la fecha no hay un mecanismo para hacer esas evaluaciones y documentar el desempeño de estos juristas. Básicamente, la ley ha sido incumplida.
El Colegio de Abogados se pronuncia
Este viernes, el Colegio de Abogados ofreció una conferencia de Prensa en donde la junta directiva manifestaba su preocupación ante tal situación bochornosa jurídica que se vive en el país. También se dijo que esta es la segunda vez que sucede la misma situación. sin embargo solicitaron al Ministerio Público que se investigue a todos los actores involucrados en este proceso, y de encontrarse delito alguno, se proceda conforme a lo que establece la Ley.
